El Instituto Nacional Electoral (INE) redujo a la mitad el presupuesto destinado para organizar la elección judicial, pasando de 13 mil 205 millones de pesos a 6 mil 329 millones. La decisión fue tomada de manera apresurada durante una sesión convocada al último minuto, lo que desató críticas unánimes de los partidos políticos por la falta de transparencia en los detalles del reajuste.
Un recorte de presupuesto que afecta proyectos institucionales
La Comisión Temporal de Presupuesto del INE aprobó el recorte presupuestal el 25 de diciembre, sacrificando el 51.45% de los proyectos institucionales. Según Amaranta Arroyo, encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración, el presupuesto para la Cartera Institucional de Proyectos se redujo de 2 mil 40 millones a 990 millones. Asimismo, el presupuesto base de operación, del cual dependen las principales actividades organizativas, se disminuyó un 6.87%, quedando en 12 mil 325 millones.
Partidos políticos exigen más claridad en presupuesto
Durante la sesión, representantes de los partidos políticos manifestaron su inconformidad por la ausencia de detalles sobre cómo se determinaron los recortes y cuáles proyectos serán afectados. Por primera vez, los montos y porcentajes del ajuste fueron presentados sin una explicación exhaustiva.
Consulta popular descartada
Uno de los ajustes más significativos fue la eliminación total de 4 mil 620 millones de pesos destinados para una eventual consulta popular, que ya no se realizará. En contraste, las prerrogativas de los partidos políticos, por un monto de 7 mil 354 millones de pesos, permanecen intactas debido a la obligación constitucional del INE de no alterar esos recursos.
Dimensiones electorales reducidas
El proceso de insaculación para la elección judicial, programado para iniciar en febrero, enfrentará complicaciones significativas debido a la drástica reducción del presupuesto. Los 40 mil 476 millones de pesos originalmente solicitados por el INE se ajustaron a 27 mil millones, una disminución del 33.29%.
Este escenario genera dudas sobre la capacidad del INE para garantizar un proceso electoral con los estándares de elecciones pasadas, mientras persiste el descontento entre las fuerzas políticas por la falta de transparencia y planeación.